Redacción. Vitoria
El Gobierno vasco ha cuantificado en 33 millones de euros el ahorro que supondría para el País Vasco la aplicación de las medidas de copago de fármacos aprobadas por el Ministerio de Sanidad, lo que no llega "ni a la décima parte" de lo que calcula el Ejecutivo central, según ha afirmado Jesús María Fernández, viceconsejero de Sanidad. Fernández, junto al consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, ha comparecido ante la Comisión de Sanidad del Parlamento autonómico para informar sobre las medidas adoptadas por el Gobierno central para ahorrar unos 7.000 millones de euros en sanidad. Al igual que vienen haciendo varios miembros del gabinete de Patxi López desde el anuncio de los recortes en educación y sanidad aprobados por la Administración central, Bengoa ha afirmado que no "quiere" aplicar buena parte de esas medidas. De hecho, el Gobierno vasco tiene previsto recurrir ante el Tribunal Constitucional las decisiones que considere que vulneren el autogobierno.

Rafael Bengoa, consejero de Sanidad.

El viceconsejero de Sanidad ha asegurado que las medidas del decreto de reformas sanitarias que son "cuantificables" en estos momentos apenas supondrían un ahorro de 33 millones de euros para el País Vasco. De esa cifra, 30 millones corresponderían a los cambios en el copago farmacéutico, que entre otras cuestiones, supondrán que los pensionistas tengan que pagar por sus recetas. Otros dos millones de euros se ahorrarían por el establecimiento del copago para el transporte sanitario no urgente y un millón más, a través del pago por materiales de ortoprótesis. Fernández ha recordado que el Ministerio de Sanidad había estimado en más de 7.000 millones de euros el ahorro que se lograría en todo el Estado a través de las diferentes medidas contempladas en el decreto. Por ese motivo, ha señalado que, en función de ese cálculo, Euskadi debería lograr un ahorro de más de 300 millones.

Dado que el Gobierno autonómico estima que aplicando estas medidas tan sólo se gastarían 33 millones menos, el ahorro apenas supondría "una décima parte" de lo estimado por el Ministerio. Además, Fernández ha destacado que los costes administrativos y de otro tipo que supondría la aplicación de las medidas podrían ser incluso superiores al mencionado ahorro. De esa forma, ha asegurado que no se puede emplear "la excusa de la sostenibilidad" para realizar unas reformas "injustas" y "regresivas". El viceconsejero se ha referido también a otra de las medidas más polémicas contempladas en el decreto del Ministerio de Sanidad, que establece la retirada de la tarjeta sanitaria para buena parte de los inmigrantes en situación irregular.